Muchos me han preguntado porque he apoyado a Barack Obama en los últimos 8 meses, y como recientemente fue elegido presidente, muchos han puesto en duda que el nuevo presidente de Estados Unidos le convenga a Colombia, pues bueno, expresare las razones por las cuales he apoyado y continuare apoyando las políticas de Barack Obama para Latinoamérica y especialmente para Colombia.
Siempre estoy abierto a la discusión sana, pero como varias veces lo ha expresado el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, con argumentos.
Comenzare mi disertación:
El 27 de Junio de 2008, Human Rights Watch, envió una carta al senador John McCain para que fueran revisados varios temas durante su visita a Cartagena, Colombia.
Resaltare varios puntos para que el público los conozca y se dé cuenta de la situación de Derechos humanos en Colombia:
Senador John McCain
En esta ocasión, me dirijo a usted para solicitar su atención a varios problemas sumamente inquietantes en relación con la grave situación de los derechos humanos en Colombia.
Colombia es una democracia en términos formales. Sin embargo se trata de una democracia débil. Justicia por graves violaciones a los derechos humanos casi no existe.
No obstante tal vez sean los grupos paramilitares, también vinculados al narcotráfico, los que representan el desafío mas profundo, al igual que las guerrillas estos grupos integran la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras.
INFLUENCIA PARAMILITAR EN EL SISTEMA POLITICO.
De hecho, instituciones clave como el Congreso Colombiano actualmente atraviesan una profunda crisis de legitimidad... ya con más del 20% de los representantes están siendo investigados por colaborar a los paramilitares.
El gobierno de Uribe probablemente le dirá que ya no existen paramilitares gracias a un proceso de "desmovilización" que se han implementado en los últimos años.
Sin embargo la eficacia de ese proceso se ha exagerado enormemente. Si bien supuestamente se desmovilizaron mas de 30,000 personas, fiscales Colombianos han encontrado pruebas que demuestran que muchos de ellos ni siquiera eran paramilitares, sino civiles reclutados con el propósito de se hicieran pasar por tales.
Para desarticular efectivamente las complejas redes paramilitares, el gobierno de Uribe debería respaldar y promover inequívocamente las iniciativas de Investigación y juzgamiento n o solo de los jefes paramilitares más visibles, sino también de sus cómplices en el sistema político y las fuerzas militares, así como de quienes los financian y sus testaferros.
Numerosos defensores de los derechos humanos y sindicalistas que participaron en una marcha celebrada en marzo de 2008 en contra de la violencia ejercida por los grupos paramilitares han denunciado amenazas y agresiones.
Según informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los días próximos a la marcha incluso fueron asesinados algunos organizadores y participantes.
VIOLENCIA ANTISINDICAL
Si bien la cantidad de asesinatos cometidos cada año se ha reducido desde la década de los 90, época en que se registraron los índices más altos y en que tuvo lugar la violenta expansión de los paramilitares, mas de 400 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno del actual presidente Alvaro Uribe, con 39 homicidios ocurridos tan solo en el 2007.
La impunidad respecto de los casos de sindicalistas es generalizada: en casi el 96 de los asesinatos no se ha llegado a una condena y los asesinos continúan en libertad.
La continua violencia contra sindicalistas revista especial importancia en vista del TLC pendiente entre Colombia y Estados Unidos. Si bien Human Rights Watch no tiene una posición respecto del libre comercio per se, considera que el libre comercio debe basarse en el respeto fundamental por los derechos humanos y, en especial, los derechos de los trabajadores que producen bienes que se comercializaran Si bien postergar la aprobación del TLC constituye una medida excepcional, Colombia es en efecto un caso excepcional debido a los altísimo índices de violencia contra sindicalistas, la impunidad casi absoluta respecto de dicha violencia y el hecho de que el gobierno colombiano no se ha desarticulado efectivamente a los grupos paramilitares que son los principales responsables de tal violencia. Consideramos que Estados unidos no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchos casos, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados.
Quienes promueven el TLC han sostenido que es más seguro "pertenecer a un sindicato que se un ciudadano común", desatancando que el índice de asesinatos de sindicalistas es inferior al índice de homicidios del país. Sin embargo esta afirmación irresponsable compara dos categorías totalmente distintas: el "ciudadano común" engloba a una gran cantidad de personas en zonas de combate o expuestas a un peligro extraordinario de ser asesinadas.
Además los sindicalistas no son victimas circunstanciales asesinadas accidentalmente o muertas en cruces de fuego. Si bien algunos de los asesinatos pueden atribuirse al ejecito, las guerrillas o a la delincuencia común, la mayor parte de los asesinatos, según la información recabada por la Fiscalía General de la Nación y los análisis de la Escuela Nacional Sindical, son claramente cometidos por paramilitares.
Los asesinatos de sindicalistas han aumentado nuevamente este año, con 26 asesinatos cometidos hasta el 30 de mayo, lo que representa un aumento del 70% respecto del año pasado, según información de la Escuela nacional sindical.
El índice de asesinatos de sindicalistas que recibieron condena durante el gobierno de Uribe ha sido sistemáticamente bajo: se dictaron tan solo 9 condenas en 2003, 11 en 2004, 9 en 2005 y 11 en 2006.
En 2007, la cantidad de condenas ascendió abruptamente a 43. Este repentino aumento responde a primera instancia a la presión ejercida por el Congreso de Estados unidos en relación con el TLC.
Independientemente de si el TLC genera efectivamente empleos, no hay motivos para pensar que reduciría como por arte de magia la violencia contra los sindicalistas y otros ciudadanos colombianos.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES por parte del ejército
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado que la cantidad de asesinatos de civiles cometidos en forma directa por las fuerzas del estado han aumentado sustancialmente.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha registrado 955 ejecuciones de este tipo por parte de agentes del estado entre junio de 2002 y junio de 200.
Muchos de los casos presentan un patrón similar, en el cual los miembros del ejército al parecer se llevan a sus civiles de sus viviendas o lugares de trabajo, los asesinan y los visten en uniformes para registrarlos como combatientes muertos en enfrentamiento.
Según la alta comisionada, las investigaciones han revelado que "estos casos... podrían estar motivados por la presión por obtener resultados"
Senador McCain, espero que tenga la oportunidad de pronunciarse sobre estas materias durante sus reuniones y declaraciones públicas en Colombia.
Una vez más, lo insto a que no confíe en los esfuerzos del gobierno de Colombia por sugerir que las FARC representan el único desafío significativo al que se enfrentan los derechos humanos y la democracia en Colombia. Las FARC son efectivamente una amenaza grave.
Pero también lo es el poder constante que ejercen los paramilitares en gran parte del país y al interior de instituciones democráticas clave. La administración de Uribe no ha adoptado medidas serias y eficaces para poner fin a este fenómeno, lo cual merece su atención.
Le agradecemos enormemente su interés y su preocupación.
Atentamente
Kenneth Roth
Director ejecutivo
Como podemos leer en esta carta, que fue dirigida al en ese entonces, candidato presidencial John McCain, miembro del partido republicano, Human Rights Watch, como entidad no gubernamental expone puntos muy claros sobre la situación de derechos humanos en Colombia y sobre el TLC, como se pudo observar, cuando McCain estuvo en Cartagena, no hizo comentario alguno sobre esta misiva y además apoyó incondicionalmente la firma del TLC.
Todas estas denuncias hasta ahora están saliendo a la luz pública, y cuando se le preguntaba a Uribe sobre las mismas, el critica a la organización, diciendo que era un ente del terrorismo como arma internacional de las FARC y que las organizaciones de derechos humanos no poseían la correcta información sobre el país.
Por eso, cuando por fin se destapo la olla podrida, el presidente Uribe tuvo que destituir a 27 militares, incluso el general Mario Monto asumió la responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército nacional de Colombia.
La fiscalía General de la Nación, a cargo del Fiscal General Mario Iguaran ha anunciado que si se llega a demostrar que las ejecuciones han sido sistemáticas, el caso debería pasar a la Corte Penal internacional por la clara violación al Derecho internacional Humanitario, por su parte el ministerio de Interior y de Justicio Fabio Valencia Cosio ha dicho que esto no será necesario.
Poco a poco, se comenzaran a identificar más hechos, no solo en las ejecuciones extrajudiciales, sino en el asesinato selectivo de sindicalistas y ahora en el olvido por parte del estado de los pueblos indígenas y la demora en la solución de los corteros de caña, quienes si no lo sabían reciben 5872 pesos por cada tonelada de caña que obtengan, por lo que tienen que trabajar mas de 12 horas al dia y tanto los dueños de los ingenios como las cooperativas les quitan la mayor parte de sus ganancias.
Es por esta razón, que Barack Obama, cuando se le ha preguntado acerca del tema, tiene argumentos validos para afirmar que:
"realmente me preocupa los reportes del envolvimiento de la administración con las violaciones de los derechos humanos y la supresión de los trabajadores. Yo pienso que es muy importante para nosotros en nuestros tratados de libre comercio con cualquier país asegurar que los derechos humanos, derechos básicos de los trabajadores y derechos ambientales sean vigilados”
Muchos dirán que Barack Obama no tiene conocimientos sobre Latinoamérica, porque nunca la ha visitado y es cierto, nunca ha venido por estos lados, pero él está muy bien asesorado por personas que conocen perfectamente la situación socioeconómica de los países latinoamericanos y de Colombia, solo por nombrar a algunas se encuentra Bill Richardson, el vicepresidente Joe Biden y el representante.
Barack Obama dice que firmara un TLC siempre y cuando las condiciones de Derechos Humanos en Colombia mejoren significativamente.
El gobierno de Obama va a cambar drásticamente las relaciones con todos los países latinoamericanos, después de que el Gobierno de Bush resquebrajara la imagen internacional de Estados Unidos, aunque los ministros de gobierno y varios senadores y representantes de Colombia han dicho que las relaciones Estados Unidos- Colombia no van a cambiar están cayendo en un estado de "ilusión".
Si vemos, el Plan COLOMBIA inicio se fortaleció enormemente en el gobierno de George W Bush, además debemos recordar que desde el gobierno Clinton hasta el año 2006 el congreso tenía mayoría republicana y fueron estos quienes dieron el apoyo condicional al PLAN COLOMBIA.
Pero desde el 2006, los demócratas han tomado las mayorías tanto en la cámara baja y la cámara alta, y justo desde ese mismo año la presión del Congreso en la búsqueda de resultados a nivel de Derechos Humanos se ha convertido en uno de los temas más importantes.
El día 6 de Noviembre de 2008, un periodista de Reuters afirmo que el Gobierno de Estados Unidos había tomado la decisión de retirarle el apoyo militar a 3 brigadas del ejército envueltas en las ejecuciones extrajudiciales.
Ese mismo día el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo negó públicamente:
"Yo recibí esa información de un periodista, verifiqué con el señor embajador y me dijo que no era cierta, que había habido una mala interpretación de algo que se dijo en Washington",
Pero el día 7 de Noviembre, se confirmo la noticia, en la que se expresaba por parte de un portavoz del gobierno de Estados Unidos que: "Hemos visto informes que afirman la suspensión de la ayuda militar a las unidades militares colombianas. De hecho, no hemos suspendido la ayuda militar a Colombia. Hemos decidido que las tres unidades militares ya no califican para recibir la asistencia, una medida que hemos tomado con base en la información proporcionada por el Gobierno de Colombia de que estas unidades estaban involucradas en la violación de derechos humanos".
Esto es una clara muestra de lo que va a comenzar a suceder en los próximos meses y años, algo que no se ha anunciado públicamente, pero si se ha analizado es la posición del Gobierno de Obama frente al Plan Colombia.
El futuro va a ser la disminución de recursos, comenzando por los recursos para fumigación, que según el mismo vicepresidente Biden, afirmo que:
"El objetivo del Plan Colombia de reducir el cultivo, procesamiento, y distribución ilegal de narcóticos en 50% en seis años no fue alcanzado plenamente”
Después el gobierno de Estados Unidos decidirá como terminar el plan Colombia y por otro lado, convertirlo en proyectos que no se enfoquen a la Guerra sino a la democracia, desarrollo social y desarrollo económico.
Por lo que en términos futuros, el enfoque va a ser ayuda para el DESARROLLO del país y no para la guerra.
Algo que me entere justo después de terminar el artículo es que el Vicepresidente Biden, a través de la GAO (La Oficina de Auditoría General) pidió en un término de 6 meses, revisar el PLAN COLOMBIA que sumo 5,000 millones de dólares y se destina a tareas militares y de seguridad.
Según la misma GAO, la idea es buscar estrategias para trasladar los gastos del PLAN COLOMBIA al gobierno colombiano.
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